Acoso inmobiliario en Palma: «Por tu culpa, los jóvenes no podrán comprar un piso y no tendrán un lugar donde vivir»
Una propietaria de tres hectáreas de suelo rústico en Son Sardina sufre el asedio de una promotora que la presiona para que venda sus terrenos, hasta el punto de culpabilizarla por la grave emergencia habitacional que atraviesa la ciudad.
Terreno en Son Sardina calificado como área de de transición afectado por el decreto del Govern / Manu Mielniezuk
La fiebre especulativa en Palma, al calor del decreto urbanístico aprobado por el PP y Vox el pasado lunes, ha provocado casos de acoso inmobiliario a propietarios de suelo rústico para que vendan sus terrenos: «Por tu culpa, los jóvenes no podrán comprar un piso y no tendrán un lugar donde vivir», fueron algunos de los argumentos esgrimidos por el intermediario de una importante promotora a A.S.P., propietaria de tres hectáreas de suelo rústico en Son Sardina.
El emisario le ofreció 12 millones de euros por los terrenos, propuesta que A.S.P. rechazó. Ante la negativa, el intermediario le aseguró que podía ofrecerle aún más dinero. La situación fue escalando hasta el punto de que el hombre llegó a responsabilizar a A.S.P. por la grave emergencia habitacional que atraviesa la ciudad.
«Me dijo que no tenía empatía por los jóvenes», asegura esta particular, quien tuvo que contratar a un abogado para que la promotora cesara en su insistencia. No obstante, el intermediario no se detuvo y llegó a contactar con el abogado de A.S.P. para intentar convencerla de que aceptara la oferta.
Las áreas de transición rodean Son Sardina
La mayor parte del suelo rústico que rodea Son Sardina tiene la calificación de área de transición y por tanto es susceptible de edificar con la aprobación del decreto urbanístico por parte del PP y Vox. De hecho, este es uno de los barrios de Palma en los que hay una mayor concentración de estos terrenos, junto con Establiments, Son Ferriol y s’Arenal.
Las áreas de transición rodean Son Sardina. / DM
La izquierda ha advertido de que el decreto abre la puerta a que estos núcleos tradicionales acaben siendo «rodeados por murallas de edificios plurifamiliares».
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